La gran reforma pendiente: un nuevo diseño de los permisos parentales

Aunque el nuevo Gobierno recién salido del pacto entre PSOE y Sumar contempla una extensión del permiso de paternidad y maternidad “hasta las 20 semanas” y “mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16”, lo cierto es que sigue sin recoger la remuneración total del permiso parental hasta las 16 semanas, tal y como recomienda la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo. Ahora mismo, en España, dicho permiso contempla las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, lo que a juicio de Cristina Castellanos Serrano, doctora en Economía y profesora del departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, supone uno de los mayores escollos para lograr “un sistema de permisos parentales igualitario que maximice el tiempo de cuidado del bebé para cada progenitor en el hogar de forma autónoma en el primer año”.

 

El problema de la simultaneidad

En un artículo para el número de septiembre de In Mujeres: Monografías Feministas, revista publicada por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad, titulado “Permisos parentales igualitarios y educación infantil universal. Políticas prioritarias para la igualdad de género”, la profesora Castellanos aboga por una reforma de los permisos parentales que haga posible una incorporación “masiva” de los hombres al “cuidado autónomo” de sus hijos recién nacidos que, en consecuencia, conduzca a “una transformación social” en la que no sólo “evolucionen los roles de género” sino que reduzca “los sacrificios económicos, físicos y emocionales de las mujeres” durante la crianza de los niños y, especialmente, a lo largo del primer año de vida de los bebés. Esta reforma, para Cristina Castellanos, debe articularse en torno a la premisa fundamental de que los permisos por paternidad y maternidad sean “iguales, intransferibles, pagados al 100% y de uso sucesivo durante el primer año”.

Esta enmienda propuesta al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, no supondría, según Castellanos, ningún impacto a las arcas públicas y pivotaría en torno a dos elementos: la reducción del período forzoso de uso simultáneo a dos semanas, desde las seis actuales, y el derecho del trabajador de “decidir cuándo disfrutar el permiso en régimen de jornada completa mediante un preaviso a la empresa de 15 días y sin necesidad de aprobación por parte de ésta”. Un cambio así permitiría a las familias cubrir prácticamente los primeros nueve meses de vida del bebé “reduciendo la penalización laboral por maternidad” de las mujeres al involucrar “cuantitativa y cualitativamente” a los padres en la atención a sus hijos durante la primera fase de su crecimiento, fomentando el surgimiento de “poderosos vínculos de apego” entre el padre y el hijo recién nacido que “tendrá efectos a lo largo de todo el ciclo vital”. Este uso sucesivo de los permisos homologaría la legislación española con la de países como Suecia, Finlandia o Islandia, donde la simultaneidad está muy restringida y donde se observa una tendencia social a una alternancia en el disfruto de los permisos de maternidad y paternidad que favorece en último término la progresiva disminución de “la división sexual del trabajo”.

 

 

La necesidad de un cambio político

Aunque “los cambios en el permiso por nacimiento para fomentar el uso sucesivo ya estaban en el acuerdo del gobierno de coalición” que suscribieron PSOE y Unidas Podemos en el año 2020, tal y como afirma la profesora Castellanos, “no se le ha dado prioridad y se ha terminado ese mandato sin realizar esa sencilla reforma, con tanto impacto, real y simbólico”. En el pacto que, en noviembre de 2023, han firmado esta vez PSOE y Sumar para reeditar ese mismo gobierno de coalición, se puede leer, en el epígrafe titulado “Apoyo público a los ciudadanos y las ciudadanas” que se avanzará “en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo con la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo, con el objetivo de remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público”. Castellanos, en su artículo, afirma que, en términos de gasto presupuestario del Estado, la reforma propuesta contribuiría a “reducir entre 600 y 900 millones el coste de universalizar la educación infantil de primer ciclo respecto a hacerlo con el sistema de permisos actuales, asegurando un uso eficiente de los recursos públicos”. Da cifras: de los 330 mil niños nacidos en el España durante el año 2022, uno de cada cuatro “fue cuidado por sus madres sin un solo día de remuneración” y aunque 250 mil de esos niños “nacieron en familias con al menos algún progenitor con prestación económica” sólo el 74% “ha estado cubierto durante unos cuatro meses, puesto que ambos progenitores han usado todo el permiso remunerado simultáneamente”. “Menos de uno de cada cinco padres ha cuidado a su bebé durante 10 semanas seguidas de forma autónoma mientras la madre volvía al mercado de trabajo” puesto que, con el actual diseño de permisos parentales, la tendencia que favorece la legislación no es la del padre-cuidador autónomo sino la del padre-acompañante. Que el hombre se implique de manera equitativa en el cuidado de los hijos y el hogar, en el seno de las familias, es uno de los pilares fundamentales en el camino a “la igualdad de género” según la profesora Castellanos: una línea de pensamiento que, por ejemplo, la Premio Nobel de Economía 2023, Claudia Goldin, se ha ocupado en sostener dedicando a ello toda una vida de investigación acerca de lo que dio en llamar “la brecha de género” laboral y salarial entre los hombres y las mujeres a lo largo de los últimos siglos. Un tema que lleva centrando desde hace tiempo el interés académico de la UNED. El Grupo de Investigación en Economía Política Internacional y Española del Departamento de Economía Aplicada de la UNED desarrolló el pasado día 15 de noviembre un seminario abierto, “La brecha de género no es ninguna invención: Claudia Goldin gana el Nobel de Economía. Brechas de género y política económica”, que exploró la actividad académica de Claudia Goldin en una cuestión de tanta actualidad. Los profesores de la UNED Enrique San Martín y Cristina Castellanos orientaron las preguntas y la curiosidad de los estudiantes en la dirección ya abierta en el artículo publicado en la revista académica Plos-One durante la pandemia por los responsables del Grupo, “What is behind the gender gap in economics distance education: Age, work-life balance and COVID-19”. Recientemente, la profesora Castellanos analizó el vínculo entre la actividad intelectual de la Premio Nobel y los investigadores de la UNED en un espacio de la emisora Radio 3 de Radio Nacional de España.

 

El otro pilar: educación infantil universal de calidad

El acceso, tras la finalización de los permisos de maternidad y paternidad, a “una una plaza de educación infantil gratuita de calidad” es algo que ya aborda el anteriormente citado Real Decreto 6/2019 y que sin embargo continúa sin hacerse realidad. Según Cristina Castellanos, “existen recursos económicos y humanos disponibles” para hacer frente a esta demanda “urgentemente”. Un plan que costaría, a tenor de lo expresado en su artículo, entre 1700 y 2600 millones de euros “según se decida mejorar las condiciones del sistema educativo y las condiciones laborales de quienes trabajan en este sector tan feminizado”. Algo que, si bien es muy necesario para las “familias biparentales”, se antoja, a juicio de la profesora Castellanos, imprescindible para las “familias monoparentales” a las que, sostiene, el Estado “debería dar una prioridad absoluta para el acceso de esos menores a la educación infantil y a servicios de cuidado en el hogar cuando se necesitaran”. En el artículo afirma que más de 90 mil niños españoles, ahora mismo, tienen unos padres que no gozan “ni de un día de permiso remunerado”, así como otros 25 mil cuyas madres “carecen de permiso remunerado” por lo que las políticas públicas deben encaminarse a “priorizar las necesidades mayores y cuyos impactos positivos son más notables” en el acceso a la educación infantil de primer ciclo.

La conclusión del artículo es que “en las familias donde el padre utiliza el máximo tiempo posible los permisos de forma autónoma es en las que los padres se implicarán más en los cuidados a lo largo de la infancia y las madres tendrán menor penalización laboral. Es decir, se extendería en la siguiente generación un aprendizaje de modelo de sociedad igualitaria en el que la división sexual del trabajo sería mucho menor. Y poco a poco iría extendiéndose a toda la sociedad, también la presente. Esas niñas, esos niños y sus padres y madres, sus empleadores, vivirían una experiencia profunda y transformadora. Esto nos beneficia a todas las mujeres, a las que tenemos hijos y a las que no, a las que criamos a niños y niñas que tienen dos progenitores, convivan o no, y a las madres monoparentales y, en definitiva, a todas las mujeres y hombres de hoy y de mañana, que podrán experimentar una sociedad en la que el cuidado se trata como una cuestión fundamental y colectiva, por hombres, mujeres, empresas y Estado, sin necesidad de empujar a las mujeres a la dependencia económica o directamente a la pobreza”. Las grandes reformas, eso sí, deben ir acompañadas, en opinión de la profesora Castellanos, de otras medidas a modo de complemento que fuercen progresivamente esa transformación social: “jornadas más cortas para todas las personas, entre 30 y 35 horas, sin reducción de salario, y prestaciones universales por menor son otras dos políticas para fomentar la corresponsabilidad y reducir la pobreza”.

 

 

Antonio Valderrama Vidal

Fotografías:  Freepik, Vectorarte (Freepik), onlyouqj (Freepik), Cristina Castellanos

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