Derechos LGBTIQ+ en España: entre los logros legislativos y los desafíos sociales
El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ se celebra en todo el mundo el 28 de junio en recuerdo de los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual y la lucha por la igualdad y dignidad de las personas LGTBIQ+. Jorge Montes, director del departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones en la UNED, reflexiona sobre los avances y logros alcanzados en materia de derechos de la comunidad LGBTIQ+ en España.
La ley 13/2005 modificó el código civil español para reconocer los mismos derechos al matrimonio entre personas del mismo sexo y, además, reconoció el derecho de estas parejas a la adopción. En ese momento España se convirtió en el cuarto país del mundo en reconocer el matrimonio igualitario, lo que supuso un gran avance en el reconocimiento de la diversidad familiar. El profesor Montes recuerda que el proceso de aprobación de la ley no estuvo exento de debates y movilizaciones. Después de su aprobación en el Congreso, la ley tuvo que someterse al escrutinio del Tribunal Constitucional, que la declaró conforme a la ley el 7 de noviembre de 2012. Esa sentencia del alto tribunal reafirmó el compromiso del Estado con la igualdad y se protegieron los derechos conquistados por el colectivo LGBTIQ+. En este contexto fue fundamental la participación de figuras como el político y activista Pedro Zerolo o Carla Antonelli, primera persona transexual en obtener un cargo legislativo en España, lo que contribuyó a visibilizar y normalizar la diversidad de identidades de género en nuestra sociedad.
En 2023 se aprobó la ley de igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+ para que pudieran vivir libremente su orientación e identidad sexual, aunque la aplicación de la ley está resultando desigual al tener las comunidades autónomas trasferidas las competencias para su desarrollo.
Aunque España es uno de los referentes mundiales en avances legislativos en los derechos de la comunidad LGTBIQ+, aún hay camino por recorrer para lograr la igualdad real. Según el Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 301 de delitos de odio motivados por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas, lo que supone un incremento del 18,5% respecto a 2022. Las agresiones físicas fueron el tipo de delito más frecuente, seguidas de las amenazas y coacciones. Varias organizaciones LGTBIQ+ han denunciado un aumento preocupante de la violencia y los discursos de odio contra el colectivo, especialmente en redes sociales.
Otro aspecto en el que no se ha logrado la equiparación real es en el laboral. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del año 2019, el colectivo LGTBIQ+ tiene un 7 % menos de posibilidades que el resto de la población de conseguir un empleo y cuando trabajan ganan un 4 % menos. Estos datos hacen que muchos integrantes de la comunidad LGTBIQ+ no expliquen abiertamente su orientación sexual o identidad de género en su entorno profesional para no sufrir discriminación.
Para avanzar en la igualdad real, los expertos coinciden en la necesidad de adoptar una educación inclusiva, dar mayor visibilidad al colectivo y aplicar la tolerancia cero con cualquier forma de discriminación por orientación sexual o identidad de género.
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